La casa de Olivia Morales, parece sacada de un cuento de campo, tiene un jardín lleno de flores y una ventana adornada con matas, pero una marca de 50 centímetros de altura en la puerta, cuyo borde es del color de la arena indica que esta vivienda, con fachada aparentemente de cuento, ha sufrido por las inundaciones.

“El año pasado se me dañó la nevera. Esta es la época en que tenemos que alzar todo para evitar que las cosas se mojen”. Así lo ha hecho Olivia en los últimos tres años, desde que vive en El Amparo estado Apure, en la temporada de lluvia que va de mayo a agosto, pues el Arauca se desborda, visitando con sus aguas las casas aledañas.

Olivia Morales, solicitante de refugio, es proveniente del municipio colombiano de Cravo y se vino con su esposo y sus tres hijos en busca de protección, cruzando la frontera de su país por el Arauca, río que separa a Venezuela de Colombia en algunas zonas del Estado Apure. “Teníamos una finca de 1.000 hectáreas con reses, caballos, cochinos, aves de corral y sembradíos. Todo eso se perdió”.

Nadie le dijo a Olivia que abandonara su tierra, pero mataron a sus vecinos y cuando le pidieron a su familia que colaborara con los grupos armados, dándoles información, decidieron abandonarlo todo “porque sabían lo que venía”.

Aunque El Amparo es un pueblo inseguro, según Morales aquí sus hijos pueden estudiar. Sin embargo ella dice que no ha sido sencillo para la familia acostumbrarse a su nueva vida. “Es muy difícil adaptarse a un pueblo cuando uno viene del campo. Yo nunca tuve que trabajar, ahora plancho en las casas de familia para cubrir los gastos de mis hijos, que estudian en una escuela un poco lejos y tienen que ir en canoa todos los días”.

Con 21 años de matrimonio Olivia confiesa que a raíz del problema, estuvo a punto de separarse de su esposo, quien tampoco estaba acostumbrado a trabajarle a nadie y esto le afectó a tal punto que comenzó a ingerir licor de manera excesiva. “Gracias a dios comenzamos a asistir a la iglesia y con ayuda espiritual han mejorado nuestros problemas”.

Por tener como identificación un documento provisional de solicitud de refugio, en estos tres años, Olivia no ha podido conseguir un empleo formal. “He tenido que trabajar con la cédula de identidad de otro para poder cobrar, y les he tenido que pagar una comisión a estas personas por prestarme sus documentos para trabajar”.

Además de esto, Olivia tampoco puede salir del estado Apure, pues el documento provisional, emitido por la Comisión Nacional para Refugiados, sólo permite a los solicitantes trasladarse dentro de este estado, y para salir a otras partes del territorio nacional requieren de un permiso por parte de la Secretaría Técnica Regional del estado Apure.

Sin embargo, Alí Bolívar, monitor del Servicio Jesuita a Refugiados en Guasdualito, considera que existe un vacío en la Ley de Refugiados, Refugiadas, Asilados y Asiladas (LORRAA), y que las autoridades “la aplican a discrecionalidad, porque esta no especifica, que la persona está limitada a vivir dentro de la frontera o puede transitar por el territorio nacional”.

La esperanza de Olivia es volver a Colombia y vender las hectáreas que poseen para vivir en un sitio mejor, aunque ella dice que una de las ventajas de vivir de este lado del río es que hay buenas posibilidades para integrase y vivir un poco más tranquilos. Del otro lado la violencia azota los pueblos y el campo y no se puede vivir en paz. Otra opción que tienen es encargarse de un fundo o finca, pero por la educación de los niños prefieren esperar hasta que estos terminen y decidir qué harán con sus vidas.