Venezuela continúa siendo Estado receptor de las personas que se ven forzadas a dejar su hogar, su país, su historia, como consecuencia del conflicto armado colombiano, cruzando la frontera para salvaguardar su vida y la de sus familiares, con la esperanza de llevar adelante un proceso de cicatrización psicológico y física que les permita reconstruir su dignidad. En Venezuela hay cerca de 200 mil colombianos y colombianas que se encuentran bajo esas condiciones, son 200 mil historias con nombre y características propias que continúan luchando por su vida, esto según cifras del ACNUR publicadas en 2009.
Las personas solicitantes de refugio y los refugiados y refugiadas constituyen un grupo vulnerable y su invisibilidad dentro de la sociedad los hace más susceptibles a abusos. Esa vulnerabilidad supone una atención especial por parte de las instituciones del Estado para que diseñen y ejecuten políticas públicas dirigidas hacia la atención integral.
Se han observado actitudes destacables del Estado, tanto del Ministerio de Educación, SAIME y Comisión Nacional para los Refugiados, entre las que se pueden señalar la implementación del pasaporte estudiantil en el Estado Táchira, la creación de una nueva base de datos y un nuevo sistema de documentación para los y las solicitantes de refugio a nivel nacional. Con estas iniciativas se busca garantizar el acceso a la educación y la transparencia y celeridad en la entrega del documento provisional de refugio. Estos nuevos procesos no han podido consolidarse desde hace más de un año.
También existe una problemática estructural relacionada con la falta de entrega de notas certificadas al culminar los estudios. Por otro lado existen restricciones al derecho a la identidad que se evidencian en la emisión de respuestas negativas a las solicitudes de refugio de manera infundada o por causas asociadas a la violencia generalizada y el retraso procesal en las solicitudes de refugio.
Conocer las particularidades del entorno en el que se desenvuelven la población en situación de refugio, permite perfilar las actividades adecuadas para lograr un impacto positivo en el proceso de reconstrucción del proyecto de vida. Es por eso que el Servicio Jesuita a Refugiados Venezuela, desde sus oficina en Caracas y centros de atención ubicados en el Estado Táchira, El Nula y Guadualito – Estado Apure, ofrece acompañamiento legal, psicosocial y pastoral a las comunidades donde se establecen las personas con necesidad de protección internacional (PNPI).
Este año el Servicio Jesuita a Refugiados Venezuela cumple 1 década de trabajo de la mano con la población refugiada en Venezuela, y en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Refugiado, es propicio exhortar al trabajo en conjunto, establecer alianzas y fortalecer las relaciones interinstitucionales entre las organizaciones que hacemos vida en el tema refugio y las instituciones del Estado, con la finalidad de generar acciones y políticas que redunden en beneficio de las PNPI en nuestro país.
Diseño y Desarrollo Quirón Redes Humanas C.A